Los seres humanos tenemos la facultad de circular libremente por los territorios, es un derecho universal. Desde siempre, los Pueblos Indígenas se han movido entre distintos territorios y, en cierta medida, el suyo se ha visto configurado de manera discontinua por abarcar distintos pisos ecológicos donde se producían los alimentos necesarios para su soberanía alimentaria. También eran y son frecuentes las relaciones de intercambio entre pueblos distintos; y todavía es común ver en espacios de confluencia, relaciones multilingües y multiculturales entre pueblos de distintos grupos, sean del mismo tronco etnolingüístico (p.ej. Asháninka y Nomatsiguenga), como de troncos diferentes (p.ej. Aymara y Quechua). Con el establecimiento colonial-repúblicano de las actuales fronteras nacionales y la consolidación de los Estado-nación, muchas veces los parientes de clanes y familias de un mismo pueblo fueron divididos y “asignados`» a una determinada circunscripción estatal. Debido a ello, no en pocas ocasiones, estos grupos hacen abstracción de tales fronteras, continúan relacionándose e intercambiando bienes y servicios con sus parientes “del otro lado” e incluso, para evitarse problemas, poseen cédulas de identidad de los dos o tres países, como a menudo ocurre con los Kukama y los Tikuna, separados por las fronteras nacionales de Brasil, Colombia y el Perú o el grupo kikapoo que comparte frontera entre México y Estados Unidos. Las políticas educativas, incluidas las de formación docente están lejos de tomar en cuenta esta situación.

Actualmente la situación se complejiza con los desplazamientos forzados de personas indígenas, afrodescendientes y criollo-mestizas de un país a otro, sea por razones militares, políticas o económicas. Cabe destacar al respecto, por ejemplo, la migración de familias y personas de Venezuela hacia distintos países, particularmente de Sudamérica, y también la de grupos de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México en su paso hacia los Estados Unidos, lo que además incluye personas de países tan distintos como Cuba, Haití y Senegal.
Estos viejos y nuevos escenarios plantean serios desafíos para los sistemas educativos nacionales, los cuales no han realmente aquilatado estos nuevos escenarios, sea para garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes migrantes a la educación, y menos aún para responder y aprovechar creativamente tal diversidad para sus estrategias y políticas de interculturalidad. Más bien, los estados nacionales, con sus obsoletos modelos anclados en el monoculturalismo y el monolingüismo tienden a considerar que sus habitantes permanecen en un solo espacio, y a que sus estudiantes reciban una oferta educativa homogénea.

Para esta línea, una mirada de cara al presente y al futuro, no puede negar el derecho de circulación y de intercambio cultural, este no puede ser pensado solo desde los cánones económicos de tratados de libre comercio entre las naciones. Exige una mirada a lo que ocurre con las distintas Nacionalidades Indígenas y Afrodescendientes, así como con los grupos criollo-mestizos, que hacen uso de su derecho humano a la libre circulación y merecen respuestas a su derecho a la educación que respeten sus derechos culturales, lingüísticos y educativos más allá del principio de territorialidad-estatal. Del mismo modo, la línea está ante el desafío de reflexionar respecto a los docentes interculturales que estos nuevos escenarios requieren y desde dónde y con quienes se están formando.

Coordinan: Virginia Reyes (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México), Nila Vigil (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), Rosaura Galeana, Luis Enrique López (Fundación PROEIB Andes), Gabriela Novaro y María Laura Diez